La gran movilización nacional del 11 de julio mostró que el pueblo peruano desaprueba la política económica que solo beneficia a unos pocos, reclama el cumplimiento de las promesas electorales del señor García y condena las actitudes autoritarias de su gobierno, los agravios contra los trabajadores, los insultos contra el magisterio y contra los sectores populares que reclaman un cambio inmediato de su política antinacional y neoliberal. El pueblo exige honestidad y lucha frontal contra la corrupción, que la soberanía nacional sea defendida y que sus derechos ciudadanos y laborales sean respetados.Demostrando organización y madurez los movimientos regionales y organizaciones sindicales abrieron períodos de tregua después del 11 de julio, dando otra oportunidad al gobierno para que modifique su conducta insultante y agresiva contra los maestros, los campesinos y los movimientos regionales.
Sin embargo, el Presidente de la República ha ignorado al movimiento popular en su mensaje del 28 de julio.
Ha intentado justificar con una supuesta “impaciencia por hacer” los insultos proferidos contra los maestros y las maestras dando con ello tibias disculpas. Ha justificado el represivo DS 982 que criminaliza las protestas populares y amenaza con la inhabilitación a los presidentes regionales y los alcaldes y funcionarios del propio gobierno, una política irresponsable de usar a las Fuerzas Armadas, cuya misión es defender a los peruanos de sus enemigos externos, para convertirlas en amenaza para los propios peruanos. Ha justificado el colonialista TLC con los Estados Unidos haciendo pasar su firma como una victoria nacional. Insiste en querer liquidar al SUTEP usando para ello la ley de Carrera Pública Magisterial. Continúa intentado quebrar a la Derrama Magisterial haciéndole una desleal e ilegal competencia mediante el uso político de los fondos públicos del Banco de la Nación. En complicidad con el gran empresariado no dijo ni una sola palabra en contra de los abusos y atropellos que a diario se constatan contra los trabajadores. Y, sobre todo, continúa su alianza antinacional y antipopular con la privilegiada derecha económica, las empresas transnacionales, el fujimontesinismo y los sectores políticos más retrógrados del país.
En vez de cambios estructurales, el señor García pide tregua a la “cólera histórica”, es decir a la frustración acumulada por el engaño y la demagogia y propone un “pacto social” improvisado e inviable en el marco del actual modelo neoliberal excluyente ¿Pacto social mientras el gobierno aprista mantiene un pacto político y de impunidad con la derecha y el fujimorismo corrupto?
En contra de la opinión popular el Gabinete Del Castillo ha sido ratificado, lo que evidencia que no existe ninguna voluntad de cambio por parte del Ejecutivo. Tampoco podemos cifrar esperanzas en el Parlamento, donde se ha impuesto, al más puro estilo fujimorista, el chantaje, la componenda y el transfuguismo para ganar mayorías. La actual Me
sa Directiva es una muestra de la descomposición política y la ausencia de escrúpulos que alienta el actual régimen.
Una vez más el Sr García vuelve a hacer promesas demagógicas manipulando las cifras: 140,000 millones de dólares de producto bruto interno, 100 mil millones de dólares de inversión interna, 30% de pobreza de aquí al 2011.
El Perú exige cambios profundos y sustanciales:
1. Una inmediata y profunda reforma tributaria para que quienes hoy ganan millones con el saqueo del país, al menos paguen impuestos a las sobreganancias.
2. Una inmediata modificación del Presupuesto del Sector Público 2008 que incremente sustantivamente los escasos recursos destinados a educación, salud y nutrición. Si el señor García dice todos los días que hay mucho dinero, ese dinero debe ser invertido para reparar colegios y escuelas, incrementar los salarios, pagar mejor a maestros, médicos, enfermeras y policías, que se nombren a los miles de contratados bajo el régimen de servicios no personales.
3. Una política social sin exclusiones, que incorpore la participación con derecho a decisión de las mujeres de los comedores populares, los comités del vaso de leche, los wawa wasi y las casas de refugio, en vez de ignorarlas, subestimar su trabajo o tratarlas como ciudadanas de segunda clase. Demandamos un plan integral de lucha contra la pobreza, un sistema de seguridad social autónomo, articulado en torno a objetivos concretos, al servicio de todos los peruanos y peruanas y financiado con los impuestos que todos debemos pagar, incluyendo a las grandes empresas.
4. Demandamos una vigorosa política de respaldo al agro nacional que incluya financiamiento a través del Banco Agrario, precios justos para los productos, defensa de las tierras, territorios, aguas y bosques de las comunidades campesinas y nativas y una política de protección del medio ambiente. Exigimos una política alimentaria sobre la base de la producción nacional.
5. Una revisión inmediata de los contratos petroleros para disponer de gasolina a precios reales y no especulativos. En circunstancias en que los precios internacionales del petróleo continúan subiendo, el Perú no tiene por qué pagar su propio petróleo a precios internacionales, encareciendo así los alimentos y el transporte y, en general, el costo de vida.
6. El cese de la persecución y la intimidación contra quienes protestan. Derogación del DS 982. Libertad y cortes de juicios para los trabajadores y ciudadanos detenidos por protestar. Derogatoria de la Ley de Carrera Pública Magisterial y cese de los castigos, descuentos y despidos a los maestros y trabajadores en lucha.
7. Demandamos una prensa, una radio y una televisión libre y democrática, que de espacio a los discrepantes y deje de atacarlos, calumniarlos, silenciarlos o criminalizarlos.
8. La derogación de la ilegal “Constitución” neoliberal fujimorista de 1993 y la inmediata convocatoria a una Asamblea Constituyente que siente las bases de un nuevo contrato social y un nuevo Estado democrático y soberano al servicio de todos los peruanos y peruanas.
9. Exigimos que se aplique una política económica orientada a la reducción de precios de los productos de primera necesidad y de los servicios básicos: pan, fideos, pollo, combustible, agua y luz y la recuperación del poder adquisitivo de la población mediante el incremento de sueldos, salarios y pensiones.
10. Demandamos una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, transparencia en la gestión y sanción ejemplar a los defraudadores de los bienes públicos. El estado debe tener una política agresiva para lograr la extradición y juzgamiento del delincuente Fujimori.
El Perú demanda medidas inmediatas. No quiere gestos espectaculares ni propaganda personal, ni agresiones ni insultos. Quiere verdaderos cambios para poner la política y la economía al servicio de las mayorías nacionales.
No confundir la madura actitud del movimiento popular con debilidad. Las jornadas de julio se mantienen latentes; el pueblo está movilizado y dispuesto a nuevas jornadas de lucha.
No estamos dispuestos a continuar siendo gobernados por los enemigos del país. Si no hay solución a las demandas expresadas, si no cesan los agravios, si no se pone coto a la represión y se gobierna democráticamente respetando los derechos y libertades ciudadanas, no habrá tregua ni pacto social; habrán más jornadas de lucha para conquistar la democracia con justicia social, como lo hicimos contra las dictaduras y gobiernos entregguistas.
¡A MÁS DEMAGOGIA, MÁS MOVILIZACIÓN!
¡BASTA DE PROMESAS, EL CAMBIO DEBE SER AHORA!
